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Exinformante colombiana demanda a EEUU

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Por FREDERIC J. FROMMER | October 21, 2013 02:31 PM EST | AP

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WASHINGTON — WASHINGTON (AP) — Una exinformante colombiana que trabajaba para Estados Unidos en Colombia alega en una demanda que el gobierno de Washington la abandonó cuando tuvo problemas legales por sus operaciones encubiertas, y terminó pasando tres años en una prisión colombiana.

Astrid Hurtado pide 15 millones de dólares de compensación por daños y perjuicios.

Hurtado, de 52 años, trabajó primeramente como informante del Servicio de Rentas Internas (IRS) en 1997-1998, entonces para la "Fuerza de Tarea El Dorado", una unidad de élite del gobierno estadounidense creada por el entonces Servicio de Aduanas para investigar el lavado de dinero. El trabajo de Hurtado era hacerse pasar por lavadora de dinero en Colombia y ofrecer información a Estados Unidos. A cambio, recibía una parte del dinero confiscado por Estados Unidos. Hurtado le dijo a The Associated Press en una entrevista telefónica que le pagaron unos 120.000 dólares por su trabajo durante aproximadamente 18 meses entre 1998 y 2000.

Según una declaración jurada de 2006 de un fiscal federal, el trabajo de Hurtado llevó a la investigación, juicio y declaraciones de culpabilidad de tres personas por cargos de lavado de dinero. Hurtado entregó a agentes federales información sobre lavado de dinero en estados Unidos e instruía a personas a personas con las que tenía contrato a entregar dinero a agentes encubiertos, indica la declaración jurada.

Hurtado, ciudadana colombiana, vive en la Florida, pero su visa, emitida por el Programa de Libertad Condicional Humanitaria del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, vence el miércoles, según sus abogados, Ignacio J. Alvarez y Piper Hendricks. Los dos dijeron que están tomando medidas para solicitar que pueda quedarse legalmente en Estados Unidos y han presentado una solicitud de asilo. Hurtado dijo que está segura que si regresa a su país la matarán por su trabajo encubierto.

Hurtado dijo que fue arrestada en Colombia en 2003 por el trabajo de lavado de dinero que estaba haciendo para el gobierno norteamericano. Según la demanda, presentada ante el Tribunal Federal de Reclamaciones, no fue hasta cuatro meses después que la embajada de Estados Unidos en Colombia envió una carta el gobierno colombiano, confirmando que Hurtado era una informante activa de la unidad investigadora de lavado de dinero. Pero un juez colombiano falló que la carta era inadmisible, según la demanda.

Repetidos intentos del juez y del gobierno colombiano por que la embajada estadounidense enviara a un funcionario a declarar en el juicio de Hurtado o respondiera a un cuestionario tuvieron como respuesta el silencio, indica la demanda. Varios funcionarios federales tampoco respondieron a tiempo a solicitudes separadas del juez colombiano de información sobre el papel de Hurtado como informante.

A principios de 2006 fue condenada por lavado de dinero y sentenciada a siete años y medio de prisión y una multa equivalente a 1,6 millones de dólares.

En prisión "me trataron como si fuera la peor delincuente", dijo Hurtado en la entrevista con la AP, en la que habló en español y sus abogados hicieron de intérprete. "Durante los primeros dos años tenía al lado a un guardia hasta para ir al baño. Me pusieron con personas a quienes yo le había pasado información y había el rumor de que iban a matar a una informante".

"Yo me sentía muy triste, muy traicionada, y espero encontrar alguna justicia", dijo, refiriéndose a Estados Unidos.

En agosto de 2006, después de tres años en prisión, Hurtado fue liberada en probatoria. Unos tres meses después, el gobierno de Estados Unidos finalmente respondió a la solicitud del juez colombiano con una declaración jurada de seis páginas de un fiscal federal, que detalló el trabajo de informante de Hurtado para la Fuerza de Tarea El Dorado. El documento también incluía una copia de un cheque emitido a nombre de Hurtado por la Aduana de Estados Unidos.

En la demanda, los abogados de Hurtado alegan que Estados Unidos no cumplió sus obligaciones con Hurtado al no negociar su protección ante el gobierno colombiano.

Funcionarios federales norteamericanos declinaron discutir el caso. En un documento presentado ante el tribunal, el Departamento de Justicia ha pedido al Tribunal Federal de Reclamaciones que desestime la demanda, alegando que Hurtado no puede establecer que algún funcionario estadounidense con la "debida autoridad" tenía la obligación contractual de que el gobierno de Estados Unidos interviniera o la ayudar en su problemas con la ley. Ni ese documento ni otro posterior mencionan los hechos que alega la demanda de Hurtado.

Un ex oficial policial de Estados Unidos familiarizado con el caso de Hurtado dijo que funcionarios federales estaban preparados para decirle al gobierno colombiano que Hurtado estaba trabajando bajo la dirección de Estados Unidos y que debía ser liberada. Pero la familia de Hurtado rechazó esa oferta, temerosa de las consecuencias para ella como informante, dijo el oficial, que habló a condición de no ser identificado porque no está autorizado a hablar del caso.

Hurtado negó esa versión y dijo que antes de trabajar para Estados Unidos ella compraba dólares a tasa reducida y se los vendía a empresarios, y cobraba una comisión. La mujer dijo que Estados Unidos entonces se le acercó para proponerle que trabajara encubierta.

Según un Informe de Estrategia Internacional de Control de Narcóticos emitido por el Departamento de Estado este año, el dinero lavado por concepto de las actividades de comercio de cocaína y heroína en Colombia "sigue penetrando su economía y afecta a sus instituciones financieras". El informe agrega que el dinero lavado en Colombia se deriva de actividades como el tráfico comercial ilegal para fines de evasión de impuestos y aranceles, secuestros, tráfico de armas y terrorismo.

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El redactor de The Associated Press Libardo Cardona contribuyó a este despacho desde Bogotá.

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Fred Frommer está en Twitter en http://twitter.com/ffrommer