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Honduras: industriales con la izquierda

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Por ALBERTO ARCE | November 11, 2013 04:05 PM EST | AP


TEGUCIGALPA, Honduras (AP) — ¿Empresarios impulsando a la izquierda en las elecciones?

Así pinta el panorama político en Honduras, un país que paga sus deudas emitiendo bonos, con un mercado interno restringido porque el 43% de los trabajadores cobra menos del salario mínimo y el 46% de la población vive en la extrema pobreza: los industriales comienzan a ver a la izquierda como la alternativa que les permitiría salir del atolladero económico y ampliar sus mercados.

Este gobierno "es un desastre económico, regala el dinero en campañas políticas, incrementa la administración pública, y convoca licitaciones innecesarias y poco transparentes", dijo hace poco Adolfo Facussé, presidente de la Asociación Nacional de Industriales, que califica la situación económica del país como "invivible para el empresario" debido a que "el gobierno ha creado un ambiente muy negativo contra la empresa privada".

"Estamos con Xiomara (Castro, esposa del ex presidente derrocado Manuel Zelaya) si opta la vía de la izquierda moderada como se ha hecho en Nicaragua o El Salvador", afirmó.

Las polémicas declaraciones de Facussé, quien se define como "crítico con el gobierno y favorable al cambio", causaron revuelo pues significa un radical cambio de rumbo para un sector del empresariado del país que siempre ha simpatizado con las políticas de la derecha.

El cambio obedece a que la economía se ha deteriorado tras el golpe de estado, lo que paradójicamente era una de las preocupaciones de los empresarios si Zelaya se hubiera quedado en el poder y una de las razones invocadas para derrocarlo. (ver cuadro de cifras)

A Facussé y otras personalidades, Estados Unidos les revocó la visa por estar presuntamente implicados en el golpe.

Los empresarios culpan a las políticas oficialistas de los últimos cinco años por el aumento de la pobreza, el desempleo y el bajón en el crecimiento de la economía y por no corregir viejos problemas como la deuda externa, la alta evasión tributaria, las exenciones a franquicias internacionales, y la entrega de subsidios a familias pobres, que los opositores califican como clientelismo político.

Las encuestas señalan un empate técnico entre el candidato oficialista Juan Orlando Hernandez del Partido Nacional en el gobierno y Xiomara Castro, del recién creado Partido Libre. Las elecciones presidenciales y legislativas se celebrarán el próximo 24 de noviembre.

"El costo de la vida, el desempleo, la necesidad de emigrar, el aumento de la pobreza asfixian a la población", dice Hugo Noé Pino, que fue presidente del Banco Central y Ministro de Finanzas. "Y la gente va a ir a votar en función de sus condiciones buscando el cambio más que el continuismo de esta realidad. Eso va a importar más que la seguridad. No tengo ninguna duda".

En su programa económico, Hernández prometió duplicar los programas asistencialistas de transferencias a las familias hasta alcanzar los 800.000 beneficiarios, potenciar un programa de trabajo por horas aprobado durante su mandato en el Congreso, reforzar la capacidad de la maquila, aumentar el territorio cultivado con palma africana y facilitar fogones ecológicos a los más necesitados.

No ha mencionado como va a financiar estos programas y qué va a hacer con acuciantes problemas como la deuda, o la evasión fiscal.

Castro ha insistido en no endeudar al país más y renegociar la deuda, aplicar las políticas de austeridad, potenciar la inversión y consumo interno, desarrollando entre otras políticas una reforma agraria que garantice la soberanía alimentaria del país, pero no ha dicho qué va a hacer específicamente con los programas sociales.

Históricamente, Honduras ha financiado su crecimiento a través de créditos con la banca multilateral y cuando la deuda se ha vuelto excesiva, se ha condonado.

Entre 2005 y 2007, la banca multilateral condonó a Honduras unos 4.000 millones de dólares de deuda externa con el objetivo de que el país destinara esos recursos al desarrollo.

Seis años más tarde, la deuda es incluso más elevada que cuando fue perdonada y se sitúa en torno a los 6.000 millones de dólares.

"La administración actual es la que tiene mayor nivel de endeudamiento interno histórico que ha habido en el país", dice Mauricio Díaz, coordinador del Foro Social de la Deuda de Honduras. "Ese endeudamiento histórico es de difícil justificación".

"Todos los años (hay) ampliaciones presupuestarias de entre el 8 y el 10%", agregó.

El presupuesto ejecutado en 2012 superó en casi 1.000 millones de dólares al aprobado a principios de ese año, según cifras oficiales.

La deuda sigue creciendo porque los ingresos del país no son suficientes para pagar los gastos, en parte porque la base tributaria padece de una evasión fiscal que ronda al 43% del total de ingresos de la nación y por las exenciones tributarias que benefician a franquicias de comida rápida, embotelladoras de agua mineral y repuestos para aviones y helicópteros, entre muchos otros.

A principios de año, el presidente Porfirio Lobo nombró una comisión para saber quiénes son los beneficiarios de esas exenciones y que, según el mandatario, sumarían hasta 2.000 millones de dólares que el estado no recibe al año.

Luego, Lobo trató de suspender estas exoneraciones y otros beneficios fiscales otorgados por el gobierno a decenas de empresas, personas y organizaciones no gubernamentales en una ofensiva para aumentar y ordenar la base impositiva.

Pero el Congreso, presidido hasta hace poco por el candidato Juan Orlando Hernández no la aprobó por falta de interés político, y diez meses después de creada la comisión que las revisaba continúa reuniéndose sin resultados concretos.

The Associated Press ha solicitado en varias ocasiones entrevistas con Juan Orlando Hernández para conocer su opinión sobre estos temas y otros pero nunca han sido concedidas.

Los gastos del país, por el contrario, han crecido al crear las llamadas "transferencias condicionadas" por las que familias pobres reciben hasta 500 dólares al año por enviar a sus hijos a la escuela, entre otros requisitos.

Hace cuatro años estas transferencias beneficiaban a 200.000 personas pero en 2013, las reciben unas 400.000 personas, en un proceso que "necesita un manejo más transparente porque en año político se pueden estar utilizando los recursos del estado para campañas políticas", dijo el ex ministro Pino.

Otras inversiones, que son urgentes para el desarrollo del país, no se hacen.

"Desde 2009 se pasó de 7.000 millones de lempiras (350 millones de dólares) en infraestructuras a 3.000 millones (150 millones de dólares)", dice Pino. "Eso significa que no hay mantenimiento de la red viaria del país y disminuye el crecimiento económico. Mientras las transferencias condicionadas han pasado de 5.000 millones (250 millones de dólares) a casi 10.000 (500 millones de dólares) en 2013".

"Gane quien gane las elecciones, tendrá que dedicar el 25% de los ingresos al pago de la deuda", explica Pino.