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Renuncia ministro de Economía de Uruguay

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Por LEONARDO HABERKORN | December 21, 2013 05:23 PM EST | AP

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MONTEVIDEO, Uruguay (AP) — El ministro de Economía y Finanzas de Uruguay renunció el sábado a su cargo, antes de tener que comparecer ante el Poder Judicial por el papel que jugó en el proceso de quiebra de la aerolínea Pluna en 2012, anunció el presidente José Mujica.

En una rueda de prensa en la que no admitió preguntas, Mujica agregó que Fernando Lorenzo abandonó el puesto "por propia iniciativa, buscando facilitarle el camino a la justicia". El mandatario no informó quién lo sustituirá al frente de una de las principales carteras de su gobierno. Interinamente, el cargo será ocupado por el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, informó el portal de la Presidencia.

Lorenzo renunció momentos antes de tener que comparecer ante el Poder Judicial por el papel que jugó en el proceso de quiebra de la aerolínea Pluna en 2012, una compañía fundada en 1936 y que en su último ciclo fue propiedad compartida entre el estado uruguayo y la compañía privada Leadgate, del empresario argentino Matías Campiani.

Poco antes de la clausura de la empresa, el gobierno despidió a Campiani y retomó el control total de la empresa. Luego la clausuró, aduciendo que las fuertes pérdidas que arrojaba su operación la hacían inviable.

Desde las 11 de la mañana del viernes Lorenzo fue interrogado por la jueza para la delincuencia organizada Adriana de los Santos por el caso Pluna.

El fiscal del caso pidió que fuera procesado por el delito de "abuso de funciones", pero los abogados del ministro saliente presentaron un recurso alegando que tal delito es inconstitucional. El caso deberá ser dirimido ahora por la Suprema Corte de Justicia.

En igual situación se encuentra el presidente del estatal Banco República, Fernando Calloia. Ambos funcionarios son indagados por la jueza respecto a diversas denuncias judiciales y políticas sobre irregularidades cometidas por el gobierno tras el cierre del Pluna. Las denuncias apuntan a las pérdidas económicas sufridas por el Estado y eventuales maniobras para beneficiar a empresas privadas que querían hacerse de la propiedad de Pluna.

La jueza De los Santos, mientras tanto, envió a prisión a Campiani, quien dirigió Pluna en su última etapa operativa, y a sus socios Sebastián Hirsch y Arturo Álvarez, todos imputados del delito de "estafa" por el manejo de las cuentas de la aerolínea.

Tras el cierre de Pluna en julio de 2012, el estado decidió subastar el 1 de octubre siete de los aviones de la aerolínea para pagar parte de los 380 millones en deudas pendientes, pero hubo un solo ofertante: una persona que dijo representar a la empresa española Cosmo y que se adjudicó el remate con 137 millones de dólares.

Sin embargo, investigaciones periodísticas permitieron demostrar que el supuesto rematador, Hernán Antonio Calvo Sánchez, era una persona vinculada al empresario argentino Juan Carlos López Mena, dueño de la empresa Buquebus, que domina el mercado de viajes entre Montevideo y Buenos Aires y con fuertes nexos con el mundo político uruguayo.

Pocas horas después del remate, un fotógrafo del diario El Observador retrató en un restaurante, almorzando juntos, al supuesto rematador Calvo Sánchez, al ministro Lorenzo, y a López Mena.

"Lorenzo nos mintió a todos. La foto en (el restaurante) Lindolfo es la prueba irrefutable de su maniobra", escribió en su cuenta de Twitter el diputado opositor José Carlos Cardoso tras conocerse la renuncia del ministro y mientras la jueza lo interrogaba.

La jueza también inició proceso penal al escribano del Banco República Pablo Seitún, que permitió que Hernán Antonio Calvo Sánchez se presentara al remate de los aviones ocultando su verdadero nombre, ya que usó su segundo nombre y su segundo apellido. Seitún, sin embargo, no fue enviado a prisión.

Tras el escándalo, la venta de los aviones no se concretó y desde entonces el Estado los mantiene a su costo, sin encontrar una solución definitiva para Pluna. Una ley de liquidación de la empresa impulsada por el oficialismo fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia.