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Venezuela expulsa a diplomáticos de EEUU

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Por FABIOLA SANCHEZ | February 17, 2014 10:38 PM EST | AP

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CARACAS, Venezuela (AP) — El gobierno venezolano dio 48 horas para salir del país a tres funcionarios consulares estadounidenses tras ser acusados por las autoridades de supuestas actividades conspirativas.

Los tres segundos secretarios Breeann Marie Mccusker, Jeffrey Gordon Elsen y Kristofer Lee Clark tienen 48 horas para dejar el país, afirmó el lunes el canciller Elías Jaua en una conferencia de prensa.

El canciller indicó que entre el último trimestre de 2013 y principios de este año funcionarios consulares estadounidenses "se han dedicado a recorrer las universidades bajo el pretexto de programas para el otorgamiento de visas" que eran "la cubierta para realizar los contactos con los dirigentes que captan para el entrenamiento, para el financiamiento y para la creación de organizaciones juveniles mediante las cuales se promueve la violencia en Venezuela". Jaua no ofreció mayores detalles ni pruebas.

Jaua leyó un supuesto correo que la embajada de Estados Unidos habría dirigido al Departamento de Estado en 2011 sobre "la solicitud de fondos adicionales para ayudar a fortalecer las organizaciones juveniles de la sociedad civil" y aseguró que las autoridades tienen otros correos de 2012, 2013 y 2014 que "obviamente como están más vigentes los tenemos reservados para continuar las tareas de inteligencia respectiva".

Jen Psaki, portavoz del Departamento de Estado, consideró "falsas y sin sustento" las acusaciones del gobierno venezolano y dijo que las autoridades estadounidenses "apoyamos los derechos humanos y las libertades fundamentales, incluida la libertad de expresión y el derecho de reunión, en Venezuela y en todos los países del mundo. Pero como hemos dicho siempre, le corresponde al pueblo venezolano decidir el futuro político de Venezuela".

Mientras el canciller ofrecía la conferencia de prensa, varios cientos de jóvenes realizaron por sexto día consecutivo una concentración y marcha en el este de la capital contra el gobierno de Nicolás Maduro. La protesta fue pacífica.

En el país hay gran expectativa por la marcha que convocó para el martes el dirigente opositor Leopoldo López, quien tiene pendiente una orden de captura y que ofreció entregarse a las autoridades tras la protesta.

El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, manifestó el lunes preocupación ante la eventualidad de que nuevas manifestaciones en las calles de Caracas "provoquen adicionales hechos de violencia que sólo consigan alejar posiciones entre gobierno y oposición y polaricen aún más el delicado momento político que vive el país sudamericano".

Insulza apeló en un comunicado a "la responsabilidad del gobierno de evitar el uso de la fuerza por parte de la policía o grupos afines" y exhortó a la oposición a "manifestarse pacíficamente evitando provocaciones", advirtiendo que "la presencia de determinados dirigentes podría desencadenar incidentes que posteriormente todos lamentarían".

El coordinador nacional político de Voluntad Popular, Carlos Vecchio, ratificó el lunes que López, de 42 años, se entregará a las autoridades y negó que tenga alguna responsabilidad en los hechos violentos ocurridos tras la multitudinaria manifestación de mediados de la semana pasada.

A comienzos de la tarde, Vecchio denunció que miembros de los cuerpos de seguridad allanaron, por segunda vez en menos de una semana, la sede de Voluntad Popular en el este de la capital. "Con esto no nos van a doblegar", dijo el dirigente al canal de noticias Globovisión.

Voluntad Popular difundió en Internet un video del momento en que supuestos funcionarios de seguridad, portando armas largas, entraron por la fuerza a la sede del partido, en un centro comercial del este de la capital y sometieron a algunos de los miembros de la organización.

Horas después funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar arribaron a la sede de Voluntad Popular para confiscar todos los videos de la primera incursión de presuntos funcionarios en la organización.

Al final de la jornada, miembros de la Dirección de Contrainteligencia Militar y la Guardia Nacional allanaron nuevamente la sede de Voluntad Popular y trataron de llevarse detenido a un concejal, Darío Ramírez, y al abogado José Amalio Graterol.

Una multitud de activistas opositores se interpuso para impedir el arresto de Ramírez, quien al grito "Soy un funcionario electo" trató por la fuerza de evitar que guardias nacionales lo arrestaran sin una orden judicial.

Frente al edificio, decenas de opositores, golpeando ollas en protesta, atacaron a la patrulla y liberaron a Ramírez por la fuerza.

En el incidente se reportó la detención de un escolta de David Smolansky, el alcalde opositor del municipio capitalino del Hatillo, quien fue liberado durante la noche en la sede de la Dirección General de Inteligencia Militar, según informó el político en Twitter.

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Los redactores de la AP Joshua Goodman y Luis Alonso Lugo, y el videorreportero Vicente Márquez, contribuyeron a este despacho