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Venezuela: detenidos fueron llevados a tribunales

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Por FABIOLA SANCHEZ | May 9, 2014 06:53 PM EST | AP


CARACAS, Venezuela (AP) — Las autoridades trasladaron el viernes a los tribunales al grupo de jóvenes que fue detenido durante el desmantelamiento de cuatro campamentos opositores, lo que desató protestas callejeras en Caracas que dejaron un policía muerto.

Nely Areas, una de los abogados de los detenidos, dijo por teléfono a The Associated Press que al final de la tarde del viernes este viernes llegaron a la sede del Palacio de Justicia, donde funcionan los tribunales, parte de los jóvenes que fueron detenidos durante el desmontaje de los campamentos opositores, que serán presentados en las próximas horas ante el juez que lleva el caso para decidir si les inicia proceso, precisó la abogada.

Los jóvenes permanecían recluidos desde la víspera en una instalación de la Guardia Nacional tras ser arrestados.

Varios cientos de militares y policías arrestaron el jueves a 243 jóvenes que pernoctaban en cuatro campamentos en el este de la ciudad, pero ya fueron liberadas 16 personas, de las cuales 12 son adolescentes y cuatro padecen discapacidad auditiva, informó la Defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez, en su cuenta de Twitter.

La abogada Areas dijo que hasta el momento desconocen los cargos que podrían imponer a los jóvenes, pero dijo que teme que "muchas personas" queden detenidas.

La abogada, que representa a su sobrina y dirigente estudiantil Noraly Quintero y a otros detenidos, indicó que las autoridades no han permitido a los defensores y familiares ver a los jóvenes arrestados ni revisar los expedientes de los casos.

La fiscal general Luisa Ortega Díaz afirmó el viernes que los funcionarios del Ministerio Público le garantizaron los derechos a los detenidos al realizarles los reconocimientos médicos y asegurarles el acceso a familiares y abogados.

Durante su programa "Justicia y Valores", que transmite la emisora local Unión Radio, Ortega Díaz expresó que las autoridades civiles y militares realizaron evaluaciones siquiátricas y de orientación a 190 detenidos, de los cuales 49 resultaron "positivos" al consumo de drogas.

La funcionaria dijo en un comunicado de prensa que en los cuatro campamentos opositores fueron incautadas dos escopetas y dos armas cortas, drogas, granadas de gas lacrimógeno, explosivos de bajo poder, pólvora, envases con gasolinas, máscaras antigás, escudos, medicinas, fuegos artificiales y dinero en efectivo.

El ministro de Relaciones Interiores, mayor general Miguel Rodríguez Torres, dijo el jueves que las autoridades tienen evidencias que desde los campamentos salían grupos a "cometer hechos terroristas, incendiar las cabinas del metro, incendiar patrullas de la policía, enfrentarse con bombas molotov y con armas a los cuerpos de seguridad", agregando que "es impresionante la cantidad de droga que se consiguió en este sitio".

Los familiares, abogados de los detenidos y activistas de derechos humanos han rechazado los señalamientos del ministro y denunciado que los jóvenes opositores fueron arrestados sin cumplir los procedimientos legales.

Marino Alvarado, coordinador general de la organización no gubernamental local Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos, afirmó que en el caso de los 243 detenidos "ninguna de las condiciones" que establece la Constitución para el arresto se cumplió porque los jóvenes que estaban en los campamentos "no estaban haciendo ninguna actividad que pudiera considerarse delito" y los arrestos se hicieron "sin que existiera alguna orden judicial".

"Todas las detenciones realizadas son inconstitucionales y arbitrarias en su totalidad", dijo Alvarado a la AP, agregando que los jóvenes deberían ser liberados tras su presentación en tribunales.

Las autoridades no han comentado sobre las denuncias de que no se habrían cumplido los procedimientos legales durante los arrestos.

El desmantelamiento de los cuatro campamentos, que fueron instalados hace más de un mes en el este de la ciudad por varios centenares de jóvenes en protesta contra el gobierno, generó el jueves protestas callejeras en Caracas que dejaron un saldo de un policía muerto y otros dos heridos por arma de fuego.

El gobierno del presidente Nicolás Maduro se ha visto afectado desde febrero por numerosas protestas callejeras en Caracas y otras ciudades.

Universitarios y opositores, esencialmente de clase media, han salido a protestar a las calles contra la desbordada inflación —que alcanzó en marzo una tasa anualizada de 59%— el desabastecimiento de productos de primera necesidad y un alto índice de delincuencia.

Los incidentes han dejado 42 muertos, 817 heridos y unos 2.500 detenidos, de los cuales 197 permanecen arrestados y sujetos a procesos judiciales, según la Fiscalía General.