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08/07/2013 11:02 am ET | Updated Oct 07, 2013

Los gobiernos de las Américas deben despenalizar el consumo personal de drogas

(Antigua) - Las políticas nacionales sobre control de drogas que prevén sanciones penales para el consumo personal de drogas atentan contra derechos humanos fundamentales, señaló Human Rights Watch. A fin de disuadir el consumo nocivo de drogas, los gobiernos deberían aplicar, en cambio, políticas en materia reglamentaria y de salud pública que no tengan carácter penal.

Los gobiernos deberían además adoptar medidas destinadas a reducir las graves consecuencias para los derechos humanos de las políticas actuales sobre producción y distribución de drogas, observó Human Rights Watch. Uno de estos pasos debería ser reformar las prácticas de las fuerzas de seguridad relativas a la aplicación de la ley y evaluar alternativas de reglamentación legal que reduzcan el poder que ejercen actualmente violentas organizaciones delictivas.

"La 'guerra contra las drogas' ha tenido efectos nefastos en las Américas, que incluyen desde matanzas perpetradas por despiadadas organizaciones de narcotráfico hasta abusos aberrantes cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad que las combaten", señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. "Los gobiernos deberían definir nuevas políticas que disminuyan los daños provocados por el consumo de drogas y, a la vez, reviertan la violencia y los abusos que han caracterizado las actuales políticas".

Consumo personal de drogas

Aplicar sanciones penales por el consumo o la tenencia de drogas para uso personal implica cercenar la autonomía y el derecho a la privacidad de estas personas, indicó Human Rights Watch. El derecho a la privacidad se encuentra ampliamente reconocido en el derecho internacional, tanto en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Las restricciones a la autonomía y la privacidad no son justificables, a menos que reúnan los siguientes criterios que se exigen para la limitación de derechos fundamentales: finalidad legítima, proporcionalidad, necesidad y no discriminación.

Si bien proteger la salud es un objetivo gubernamental legítimo, criminalizar el consumo de drogas para evitar que las personas se provoquen un daño a sí mismas no cumple con los criterios de necesidad ni proporcionalidad. Los gobiernos pueden recurrir a muchas alternativas que no tengan carácter penal para reducir el perjuicio sufrido por quienes consumen drogas, como por ejemplo ofrecer tratamiento en casos de abuso de sustancias nocivas y brindar asistencia social.

Las investigaciones efectuadas por Human Rights Watch en distintos lugares del mundo han comprobado que la criminalización del consumo de drogas ha operado en detrimento del derecho a la salud. El temor a ser objeto de sanciones penales disuade a quienes consumen drogas de utilizar servicios de salud y recibir tratamiento, e incrementa el riesgo de que se expongan a actos de violencia, discriminación y enfermedades graves. Las prohibiciones penales también han obstaculizado el uso de drogas con fines legítimos de investigación médica, y no han permitido que pacientes accedan a drogas para cuidados paliativos y tratamiento del dolor.

"Son muchas las medidas que los gobiernos pueden y deben adoptar para disuadir, prevenir y remediar el uso nocivo de drogas", aseveró Vivanco. "Sin embargo, no deberían hacerlo castigando a las personas cuya salud se pretende proteger".

Los gobiernos tienen un interés legítimo en proteger a terceros frente a los peligros que supone el consumo de drogas, como por ejemplo conducir un vehículo bajo el efecto de las drogas, observó Human Rights Watch. Es posible, respetando los derechos humanos, imponer sanciones penales proporcionadas ante conductas que se produzcan conjuntamente con el consumo de drogas, cuando tales actos provoquen un perjuicio a terceros o los expongan a un riesgo grave de sufrirlo.

Con respecto al consumo de drogas por menores de edad, los gobiernos tienen la obligación de adoptar medidas adecuadas de índole legislativa, administrativa, social y educativa para protegerlos del uso ilícito de drogas. Los gobiernos no deberían imponer sanciones penales a los menores de edad por consumo o tenencia de drogas para uso personal, expresó Human Rights Watch.

"Cuando bajo la influencia de las drogas una persona actúa de un modo que podría causar un perjuicio a terceros, ya sea al conducir un automóvil o poner en riesgo a un menor de edad negándole cuidados necesarios, sanciones penales pueden ser perfectamente legítimas, del mismo modo como lo son cuando se consume alcohol de manera que afecta a terceros", dijo Vivanco. "Sin embargo, la pena no es por el consumo de drogas, sino por realizar una conducta concreta, bajo la influencia de drogas, que pone en peligro a terceros".

Para leer el reporte completo visite HRW en Español

Despenalización de la marihuana