De acuerdo con la información del reportero Víctor Fuentes (publicada el 26 de enero en Reforma y en Metro, ambos del mismo grupo editorial), la Secretaría de la Defensa Nacional de México está obstaculizando el trabajo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la validez de los detectores moleculares GT200 como prueba jurídica. El caso fue atraído al máximo tribunal mexicano en agosto de 2012, cuando la ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas decidió debatir el tema debido a las irregularidades en los procesos acusatorios.
Según las notas de Fuentes, la Sedena no ha cooperado con la investigación al negarse a proveer los dispositivos para las pruebas pertinentes, conducidas por la Academia Mexicana de Ciencias. El ministro José Ramón Cossío, vinculado al caso, ha enviado al nuevo titular de la dependencia, Salvador Cienfuegos, una petición para que las Fuerzas Armadas colaboren en la investigación:
Toda vez que hasta la fecha no se ha obtenido respuesta de la Secretaría de la Defensa Nacional, solicítese al actual titular de esa Secretaría para que, de no existir inconveniente legal alguno, remita a esta Suprema Corte una unidad del dispositivo de detección molecular GT200 y la documentación que explique su funcionamiento, y se sirva proporcionar los elementos materiales necesarios para realizar un experimento demostrativo, así como designar a los operadores.
Cada día es más endeble la defensa de los detectores moleculares. El 24 de enero, el MIT Review Technology resaltó los resultados obtenidos por el peritaje de los físicos Luis Mochán y Alejandro Ramírez, en el que se comprobó la ineficacia de los GT200 en una prueba de doble ciego. En el diario El Universal, Mochán y Bernardo Mendoza escribieron sobre el fraude de estos aparatos:
Pruebas doble ciego hechas por miembros de la Academia Mexicana de Ciencias (uno de ellos coautor de esta nota), así como por personal experto en el uso del GT200, arrojaron que el aparato NO funciona. De hecho, encontraron que su efectividad para distinguir entre una caja cerrada vacía y otra con la sustancia buscada es la misma que la de aventar una moneda al aire y señalar una caja si cae águila y seleccionar la otra si cae sol. Es decir, su funcionamiento es tan bueno como ¡el azar mismo! Esto equivale a que usted, amable lector, vaya al médico por un dolor en el vientre y él, sin examinarlo, eche un "volado" para decidir si le administra un analgésico y lo manda a casa, o si le extrae el apéndice en el quirófano.
Amén de las pruebas científicas, se suma la supuesta prohibición de la Procuraduría General de la República para utilizar los GT200 (la cual fue mencionada en prensa, pero de la cual no hay constancia oficial); así como el anuncio de la Sección de Asuntos Antinarcóticos (NAS, por sus siglas en inglés) de sustituir estos dispositivos a través de Iniciativa Mérida (igual, sin mayor sustento que el mediático). No obstante, si la prensa está en lo correcto, la presión contra los GT200 parece incrementar con el paso de los días.
Queda en manos de la Suprema Corte que el caso reciba el golpe de timón definitivo. A pesar de la resistencia del aparato castrense para cooperar en el asunto, los ministros deberían contar con suficientes elementos para respaldar una decisión que invalide a los detectores moleculares como prueba jurídica. Ése sería un paso crucial para garantizar la justicia para aquellos que han sido acusados con base en la pseudociencia y (esperemos) sentar un precedente para iniciar una averiguación mucho más profunda para deslindar las responsabilidades de este millonario fraude.